Radio El Día denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en el concurso de FM

17/04/12

Se solicita que declaren Miguel Concepción y Fernando Ríos Rull. Radio El Día va a por todas en su denuncia. ¿Tocará el asunto a Paulino Rivero?

Pide que se interrogue, entre otros, a Fernando Ríos y a Miguel Concepción
Las empresas apartadas del concurso van a por todas; el Gobierno de Canarias está metido en un buen lío

Radio El Día, a través de la empresa propietaria de la emisora Archipiélago de Medios S.L., presentó el pasado viernes 13 una denuncia por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias, tipificados en los artículos 404, 419 y 428 del Código Penal, durante el proceso de adjudicación de las emisoras de radio en el concurso convocado por la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias el 28 de julio de 2010.

Esta es la primera denuncia que es presentada por empresas canarias de radiodifusión y que tendrá continuidad en las próximas semanas con recursos y otras medidas jurídicas, como las anunciadas por el bufete Fernández del Torco Abogados. El ex juez y ex fiscal Juan Manuel Fernández del Torco, que representa a otras radios afectadas, ha anunciado que “habría que dirigir las denuncias al máximo responsable”, refiriéndose al presidente del Ejecutivo, y hacerlo en instancias que ofrezcan la mayor garantía de rapidez de tramitación con el objetivo de conseguir anular el decreto de adjudicación ya publicado en el BOC.

El concurso fue finalmente resuelto con la aprobación de la propuesta elevada al Gobierno por la mesa de valoración en el Consejo de Gobierno celebrado en la tarde del miércoles santo, día cuatro de abril. La asignación de 156 frecuencias por parte del Ejecutivo que preside Paulino Rivero ha estado inmersa en una gran polémica desde sus inicios, con muestras de disconformidad del Partido Popular y el Partido Socialista Canario que llegaron a presentar una PNL en el Parlamento de Canarias; de distintos agentes sociales y económicos, así como de muchísimos aspirantes. Sobre todo ha sido muy contestado desde consolidadas empresas canarias que se han quedado fuera del espacio radioeléctrico.

En la denuncia presentada por los representantes legales de Radio El Día, el despacho Munguía y Melián Abogados argumenta entre otros aspectos que la mesa de valoración aprobó unos criterios de valoración no previstos en las bases. “La aplicación de dichos criterios, algunos de los cuales son absolutamente arbitrarios y carentes de justificación ni en el expediente ni lógica, dejó fuera de las adjudicaciones a mi representada”, afirma el escrito cuya primera hoja adjuntamos a estas líneas.

Los criterios a los que se refiere no estaban previstos en las bases publicadas y fueron aprobados dos meses después de haber abierto los sobres con las ofertas, beneficiando a unos candidatos y perjudicado abiertamente a otros, que de haber sido conocidos con anterioridad, naturalmente hubieran modificado sus proyectos. Según los abogados, “han resultando particularmente beneficiados unos pocos licitantes que han concentrado la mayor parte de licencias” y aportan una gráfica por porcentajes del reparto de licencias. Concretamente sorprende que sólo tres grupos hayan recibido el 70% de las frecuencias.

“En relación a la programación” –dicen los representantes de Radio El Día-“la mesa decidió de forma arbitraria incorporar criterios que no estaban previstos en las bases. Por ejemplo, algunos de esos nuevos criterios, distintos a los que contenían las bases, excluyen de la puntuación determinado tipo de programación, como por ejemplo los programas de llamadas de oyentes, que en sí mismo es un género radiofónico, o los programas de chistes, sin que exista una justificación ni lógica ni técnica que justifique tal decisión. Más grave aun, cuando a resultas del contenido del propio expediente administrativo ninguno de los miembros de la mesa de valoración posee formación o experiencia acreditada específica en materia de comunicación radiofónica o siquiera audiovisual”.

Con documentación suficiente que acredita sus denuncias, Munguía y Melian destaca que en los criterios económicos y también en los técnicos se refiere, la mesa aprobó una distribución de la puntuación en base a subcriterios no sólo no previstos en las bases, sino que discriminaban abiertamente a otras ofertas, cuyos promotores ya tenían sus proyectos funcionando, como es el caso de Radio El Día, Mega Latina, Inter Radio Tenerife, Radio Marca, Milenium, Ycoden Radio, Gente Radio, Radio 6 y un largo etcétera de radiodifusoras de Canarias, principalmente de la isla de Tenerife.

El cambio de criterios en la valoración, incorporando baremos no establecidos en las bases del concurso, está suficientemente acreditado ya que el propio presidente de la mesa, Fernando Ríos, y el viceconsejero de Comunicación, Martín Marrero, lo reconocieron en una reunión informativa solicitada por las empresas afectadas. El presidente de la mesa, reconoció entonces (y así está grabado) que los criterios aprobados por la mesa lo fueron una vez conocida la casuística. Literalmente dice: “La mesa ha tenido que ir fijando criterios porque la casuística es muy grande”. La grabación corresponde a la empresa catalana GCO Telecom, que presentó proyectos de varias empresas canarias y algunas cadenas nacionales. Puede verse en: http://youtu.be/6cpfG3Lr5wI

Sobre los miembros de la mesa: Fernando Ríos Rull (presidente), Cándida Hernández Pérez (secretaria) y los vocales Manuel Martín Almeida Peña (que sustituyó a Elena Bastarrica por renuncia de la misma), David Bercedo Toledo, José Luque Brito; los abogados denunciantes destacan que resulta cuando menos extraño y posiblemente no ajustado a la ley que la designación de las personas que habrían de valorar el concurso se realizó el siete de octubre de 2010, ya cerrado el plazo para presentar ofertas que finalizaba el 30 de septiembre de 2010.

Por eso sorprende que algún licitante pudiera contar con información privilegiada en relación a cómo se realizaría la valoración del concurso. En particular, consta en el expediente cómo el representante de uno de los licitantes que finalmente obtuvo diez licencias, Tele Canal 4 Tenerife S.A.U., un mes antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas realizó una serie de preguntas relevantes en relación al concurso. La contestación a dichas preguntas no consta en el expediente administrativo, “por lo que ha de concluirse que la respuesta a dichas cuestiones, -relevantes a la hora de realizar la oferta-, fueron trasmitidas en forma individual a dicho licitante, dado que se ajusta a esos criterios posteriores de valoración y que obtuvo todas las licencias para las que se presentó”, dicen los representantes de Radio El Día. El dueño de esta empresa es Miguel Concepción, presidente del Club Deportivo Tenerife, y también dueño de otra empresa, Producciones Televisivas Taburiente, que recibió todas las emisoras que solicitó. Es pública la amistad que une a este empresario con el actual presidente de Gobierno de Canarias, Paulino Rivero.

En la denuncia, Munguía y Melian Abogados se refiere también a que durante el Consejo de Gobierno que aprobó definitivamente la propuesta se ausentaron en la votación los miembros del Partido Socialista que forman parte del Ejecutivo en alianza con el partido Coalición Canaria. Los representes de Radio El Día piden a la Fiscalía que acuerde incoar diligencias previas “por los indicios evidentes de haberse podido producir presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias, durante el proceso de adjudicación de las emisoras de radio en el concurso indicado, sí como las que esa Fiscalía considere convenientes, para el esclarecimiento de los hechos denunciados y a fin de que se depuren las responsabilidades penales a que haya lugar”. En las diligencias piden “para que respondan sobre los extremos contenidos en esta denuncia y cualesquiera otros convenientes al esclarecimiento de los hechos”, el interrogatorio de Cándida Hernández Pérez, Manuel Martín Almeida Peña, David Bercedo Toledo, José Luque Brito, Fernando Ríos Rull y Miguel Concepción Cáceres.

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